Rusia adoptó su ley relacionada a las criptomonedas en enero de 2021, pero esta legislación no proporciona una respuesta directa a algunas preguntas, incluyendo cómo los funcionarios locales deben manejar sus tenencias de criptomonedas. Existen al menos otras dos iniciativas legales que requieren que los funcionarios públicos rusos declaren o incluso se desprendan por completo de sus tenencias de criptomonedas en 2021.
El 10 de diciembre de 2020, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a algunos funcionarios públicos a declarar sus tenencias de criptomonedas antes del 30 de junio de 2021. El decreto fue adoptado como parte de la ley del país “Sobre Activos Financieros Digitales”, o DFA por sus siglas en inglés, el 1 de enero de 2021.
De acuerdo con dicho decreto, los funcionarios rusos o las personas que aspiren a ocupar un cargo público deben revelar sus activos digitales, así como los de su cónyuge e hijos. La legislación se refiere a un ámbito general del establecimiento oficial, tratando de garantizar que el gobierno debe cumplir con las normas de declaración financiera locales como ya lo hacen los ciudadanos del país.
Pero también existe otra regulación que prohíbe a ciertos funcionarios rusos poseer cualquier criptomoneda, en línea con las medidas anticorrupción del país. El 28 de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Protección Social de Rusia publicó una carta informativa recordando a algunos funcionarios que están obligados a vender sus activos digitales y cualquier moneda digital, independientemente del país de emisión, antes del 1 de abril de 2021.
Esta restricción se refiere específicamente a las personas en la primera parte del artículo 2 de la Ley Federal rusa del 7 de mayo de 2013 nº 79-FL, que prohíbe a determinadas categorías de personas almacenar sus fondos en el extranjero, así como utilizar instrumentos financieros extranjeros. La lista incluye un amplio número de cargos públicos importantes, entre los que se encuentran los directivos y suplentes de la administración pública, el consejo de administración del banco central ruso, las empresas públicas propiedad de la Federación Rusa, los jefes de las administraciones de distrito y muchos otros más.
En la carta, el Ministerio mencionó que otras categorías de funcionarios públicos no están sujetas a dichas restricciones, aunque todavía están obligados a declarar sus activos digitales de acuerdo con un decreto firmado por Putin.
Mientras las autoridades rusas siguen introduciendo nuevas regulaciones relacionadas con las criptomonedas para sus funcionarios públicos, no está inmediatamente claro cómo van a monitorear el cumplimiento desde un punto de vista tecnológico. Artem Grigoriev, jefe del laboratorio de investigación de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockchain, le dijo a Cointelegraph:
“Todavía no existe una ley sobre la circulación de criptomonedas. Los autores de esta iniciativa probablemente tienen su propia visión sobre la aplicación de estas leyes. La práctica lo demostrará”.
Maria Stankevich, miembro del Comité Ruso de Tecnologías Blockchain y Criptoeconomías, también cuestionó la viabilidad tecnológica y jurídica de la aplicación de estas leyes:
“Las restricciones para ciertos grupos del establecimiento por poseer moneda digital es en realidad un paso lógico en los intentos de frenar la corrupción. […] Es una clara señal para todos los funcionarios de que el gobierno tiene ahora otra palanca para mostrar su poder cuando lo necesite. Sin embargo, la cuestión principal es cómo lo van a monitorear, ya que no existe ninguna ley ni proceso de este tipo”.
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