Una regla a la vez, las finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés) están siendo gradualmente proscritas. No es que los gobiernos tengan como objetivo específico hacerlo ilegal. Más bien, cada propuesta que sale últimamente parece promulgar reglas que son imposibles de cumplir para las finanzas descentralizadas.
Los Estados Unidos
El ejemplo más reciente es la notificación para la elaboración de normas propuesta por la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, o FinCEN, que exige a los bancos y otras empresas de servicios monetarios que verifiquen la identidad de los clientes que realizan transacciones con carteras “no alojadas” (carteras que no se mantienen en exchanges registradas u otros servicios de custodia).
Un requisito aparentemente razonable en términos de lucha contra la delincuencia, no encaja bien con los servicios de DeFi, como Compound, que se basan en contratos inteligentes para vincular los fondos de los usuarios. A diferencia de los criptoactivos más tradicionales, que suelen comercializarse en exchanges que funcionan también como carteras, permitiendo así el seguimiento de la identidad de los usuarios, los proyectos de DeFi suelen estar desintermediados y las carteras son autocustodiadas (no alojadas).
El peligro en este caso es que si las instituciones financieras no pueden cumplir los requisitos de verificación de la identidad y mantenimiento de registros en los servicios de DeFi, es natural esperar que no los apoyen. Cuantas más reglas se arriesguen a incumplir, menos probable es que DeFi sea apoyado.
Para agravar este efecto, la Ley de Intercambio de Productos Digitales propuso prohibir las transacciones de tokens en los exchanges a menos que el exchange esté registrado, esté dispuesta a compartir la información solicitada, cumpla ciertas normas de capacidad y anti-manipulación y no viole las leyes antimonopolio. De esos requisitos, el registro, el intercambio de información y el cumplimiento de las leyes antimonopolio son casi seguros de que los exchanges descentralizados fracasarán.
Unión Europea
Los reguladores europeos tampoco son amigos de DeFi. En la propuesta de Reglamento sobre los mercados de cripto-activos, o MiCA, la Comisión Europea exige que los emisores de stablecoin cuenten con “sólidas disposiciones de gobernanza”, incluida una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas y procedimientos administrativos y contables.
De acuerdo con otra norma, los órganos de gestión de las stablecoins y los exchanges deben tener “buena reputación y competencia”. El problema es que los proyectos de DeFi y DEX pueden, por su naturaleza, tener una composición y procedimientos dinámicos de gestión y adopción de decisiones. Aunque inicialmente cumplan con los requisitos de la MiCA, no están diseñados para congelar sus estructuras inicialmente aprobadas para que sigan siendo conformes.
¿Dónde deja eso al DeFi?
Una posibilidad es que el conflicto entre la ley y DeFi continúe y que DeFi sea gradualmente marginado en favor de los servicios regulados y conformes que los usuarios consideran cada vez más fiables. Los exchanges son un buen ejemplo del poder del cumplimiento. Muchos se apresuraron a cumplir las leyes aplicables una vez que se hizo evidente que ganarse la confianza de los usuarios después de escándalos como el del Mt. Gox en 2014 y el de Bitfinex en 2016 era la clave de su éxito.
Otra posibilidad es que DeFi mantenga su dinamismo a pesar de no estar sancionado por la ley. Seguirá siendo un paria, aunque popular, como las redes ilegales entre pares que la ley no ha logrado cerrar durante más de 20 años. Los usuarios serán atrapados en medio de un constante juego del gato y el ratón entre la ley y DeFi hasta que uno gane. Esta puede ser una lucha difícil para que DeFi gane porque el dinero está sujeto a los efectos de la red, y si el dinero de DeFi no puede interactuar con el dinero legal, sus usos serán limitados.
La última opción, y esperemos que la que prevalezca, es que los gobiernos vean el potencial del DeFi y legislen para incluirlo. El primer paso sería que los reguladores dejaran de pretender que DeFi no existe y, en su lugar, consideraran explícitamente cómo se aplican a él las normas propuestas. Si su conclusión es que los proyectos de DeFi son incompatibles con los objetivos de la ley, que así sea, al menos comenzaremos a tener una conversación centrada en si la ley va en la dirección correcta.
Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí son exclusivamente del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.
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Konstantinos Stylianou es profesor asociado de derecho y director adjunto del Centro de Derecho y Práctica Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds. Investiga la competencia y la regulación en los mercados digitales y la tecnología Blockchain, y ha participado en proyectos con la UE, los gobiernos griego, sueco y tailandés, la Asociación Internacional de Aplicaciones de Blockchain de Confianza y varias universidades, entre ellas Brown, Oxford, Estocolmo y la Fundação Getulio Vargas. Su próximo libro sobre Blockchain Antitrust será publicado por Oxford University Press.
