Según los informes, el Ministerio de Finanzas de Estonia está buscando promulgar regulaciones más estrictas para las licencias de criptomonedas. Esto se produce después de que las autoridades revocaron las licencias de aproximadamente dos tercios de las empresas de criptomonedas que operaban en el país en 2020.
Según ERR News, el Ministerio de Finanzas de Estonia emitió un proyecto de ley en enero para apretar la soga en la cripto industria del país. Como parte de los cambios de reglas propuestos, Finantsinspektsioon, la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, supervisará la regulación de las empresas de criptomonedas en lugar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Este cambio hará que la supervisión de las criptomonedas sea competencia de los reguladores financieros, frente al paradigma actual en el que la UIF, que forma parte del departamento de policía, se encarga de la supervisión de las empresas de criptomonedas.
Las cripto empresas interesadas en operar en Estonia tendrán que pagar una tarifa de licencia a Finantsinspektsioon. Los 381 titulares de licencias actuales también tendrán que volver a solicitar un permiso de funcionamiento de la Autoridad de Supervisión Financiera.
Según Erki Peegel, vocero del Ministerio de Finanzas, el objetivo del gobierno no es de naturaleza anti-cripto. Sin embargo, las autoridades esperan que solo de 50 a 100 empresas de criptomonedas que ya poseen licencias estén en condiciones de cumplir con los cambios propuestos en las reglas regulatorias.
Los cambios de reglas propuestos también se producen en medio de los esfuerzos del gobierno para combatir las actividades de lavado de dinero. En junio de 2020, estalló un escándalo de lavado de dinero de $220 mil millones que involucró a Danske Bank. Además, en 2020, surgieron informes de que los estafadores de criptomonedas habían invadido el programa de residencia electrónica del país.
Sin embargo, la reciente agitación política de Estonia con la renuncia del primer ministro Jüri Ratas en medio de un escándalo de corrupción ha dejado en suspenso la aprobación de la legislación propuesta. De hecho, hoy era la fecha límite para que el parlamento deliberara sobre el tema.
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