El cambio de guardia en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos parece haber afectado cualquier posible acuerdo previo al juicio en el caso de la SEC contra Ripple.
Esta conclusión fue parte de una carta de presentación conjunta presentada el lunes ante la jueza Analisa Torres del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Al comentar sobre las perspectivas de un acuerdo previo al juicio, la carta dice:
“Los abogados de las partes se han reunido y conferenciado y, habiendo discutido previamente el acuerdo, no creen que haya una perspectiva de acuerdo en este momento. Sin embargo, las partes notificarán de inmediato al Tribunal si se llega a un acuerdo de principio con respecto a cualquier Demandado”.
Aparte de las cuestiones relativas a un posible acuerdo, la carta también incluía acuerdos entre ambas partes para la conclusión del proceso de descubrimiento a más tardar el 16 de agosto de 2021.
La carta de descubrimiento también incluyó planes de la SEC para buscar un grupo de declaración ampliado más allá de los 10 prescritos por la ley federal. Según la carta, la comisión está interesada en dos memorandos recibidos por Ripple y el cofundador Chris Larsen que supuestamente contienen advertencias de que XRP podría ser considerado un contrato de inversión.
Como informó anteriormente Cointelegraph, el caso comenzará con una conferencia virtual previa al juicio programada para el 22 de febrero.
En diciembre, la SEC demandó a Ripple por violar las regulaciones de valores en la venta de tokens XRP. La acción llevó a varios criptoexchanges con sede en los EE. UU. a eliminar o suspender el trading de tokens XRP en sus plataformas.
Las empresas de inversión también liquidaron sus holdings de XRP a raíz de la acción de ejecución de la SEC. Mientras tanto, Ripple gastó $ 690,000, la mayor cantidad por cualquier cripto empresa de EE. UU., en esfuerzos de cabildeo en el país durante 2020.
Los problemas legales de Ripple no solo se limitan a la SEC, ya que la compañía también es objeto de múltiples demandas colectivas de inversores agraviados, todos acusando a la compañía de violar la ley de valores.
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