Hechos clave:
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Una oficina del Departamento del Tesoro propone aumentar vigilancia sobre usuarios de criptomonedas.
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La propuesta legislativa y su consulta pública resultan apresuradas, según expertos.
La Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adjunta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca obtener los datos de aquellos usuarios que retiren más de 10.000 dólares de exchanges y otros servicios financieros hacia carteras autocustodia de bitcoin.
Realizada en horas de la noche del viernes, la propuesta especifica que aquellos usuarios que deseen retirar más de 10.000 dólares en criptomonedas hacia sus carteras personales, deben dar detalle sobre su identidad e información personal. También deberán reportar estos datos si mantiene un volumen de comercialización por encima de los 3.000 dólares.
La propuesta hace énfasis en las carteras de criptomonedas, donde el usuario es responsable de la custodia de los fondos. Este método, alegan, tiende al anonimato y podría ser aprovechado para cometer infracciones y delitos financieros.
Los exchanges y servicios de carteras deben reportar la información solicitada; aun en los casos donde estas organizaciones no sean consideradas como entidades financieras por la FinCEN.
A los bancos y empresas de servicios financieros se les pedirá entregar informes, mantener registros, y verificar la identidad de los usuarios en relación a las transacciones que sobrepasan ciertos lineamientos, entre esos el uso de carteras no mantenidas por una institución financiera en jurisdicciones reconocidas por FinCEN.
Oficina de Control de Delitos Financieros, FinCEN.
El nombre y dirección del usuario, el tipo de moneda o activo convertible usado en la transacción, la hora y duración de la transacción; son algunos de los datos requeridos en la legislación. También forma parte el valor equivalente a dólares estadounidenses, según la tasa de cambio al momento de realizarse.
Una ley apresurada con poco tiempo para debatirse
La oficina abrió la consulta pública acerca de esta propuesta hasta el 4 de enero, un corto periodo de recepción de comentarios (17 días). Además, que la propuesta legal haya sido publicada en horas de la noche trajo críticas de parte de la comunidad.
Por ejemplo, Jake Chervinsky, abogado y consultor de Compound Finance, nota que el tiempo dispuesto por la FinCEN es poco más de 15 días, cuando la norma es que sean más de 60 días. Aunado a esto, señala lo inoportuno y apresurado de proponer esta ley a finales de diciembre y a menos de un mes de cambiar la presidencia del país. «Hay un nombre para esto: es una ley de medianoche», afirmó.
Sin embargo, la FinCEN especifica en el documento que según su criterio, en este caso no aplica la normativa para el tiempo de espera y consulta pública, por políticas de seguridad nacional. «La propuesta compete a asuntos internacionales donde esperar este tiempo podría ser contrario al interés público», afirmó el organismo.
La propuesta busca establecer controles apropiados para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos de amenazas y actores extranjeros, incluyendo el ransomware y los ataques cibernéticos patrocinados por estados; la evasión de sanciones y el financiamiento del terrorismo internacional, entre otros.
FinCEN, Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Como reportamos en CriptoNoticias el mes pasado, Brian Armstrong, CEO de Coinbase, advirtió la inminencia de una ley apresurada para regular las carteras autocustodia. El ejecutivo aseguró entonces que el tesoro pretendía emitir una nueva ley al respecto antes de finalizar su mandato.
En contra de la vigilancia, a favor de la privacidad y la autosoberanía
Desde que se hizo conocida la propuesta, se han hecho sentir las opiniones en contra. Especialistas en diversas áreas, e incluso, una senadora recién electa en el Congreso estadounidense, expresaron su preocupación.
Cynthia Lummis, senadora por el estado de Wyoming, se pronunció acerca del reglamento propuesto por FinCEN. En la red social Twitter, la representante desdeñó las presuntas intenciones del Tesoro de querer imponer un reglamento hostil a las carteras autocustodia.
«Una cualidad clave de los activos digitales como Bitcoin es la habilidad de poder hacer transacciones sin intermediarios. Esto estimula la inclusión financiera y la libertad», dijo.
Aunque la nueva propuesta legislativa pueda despertar legítimas preocupaciones, otras personalidades como Andreas Antonopoulos se toman con humor lo que parece un intento por socavar la privacidad y usabilidad de las criptomonedas. El educador sobre Bitcoin señaló que este tipo de regulaciones no afectan realmente a esta tecnología.
«Si tratas de hacer pagos desde una casa de cambio regulada, te pedirán verificación adicional y reportarán tus transacciones al gobierno. Si utilizas tu propia cartera, no podrán imponer controles sobre ti ni tampoco te reportarán», aseguró Antonopoulos.
El pasado 11 de diciembre, la FinCEN publicó una vacante de empleo para un estratega en criptomonedas y tecnologías emergentes, encargado de brindar asesorías e investigar sobre la creación de políticas regulatorias.
En septiembre de este año, se demostró a través de una investigación el poco esfuerzo que la FinCEN y demás autoridades gubernamentales realizan para evitar el lavado de dinero, a sabiendas de que importantes entidades bancarias del mundo facilitan estas operaciones.
